Santiago Alba Rico.
El pasado día 13 de septiembre la Audiencia Nacional condenó a penas
de entre 10 y 18 años a cuatro jóvenes independentistas gallegos por
participación en “organización terrorista”, por falsificación de
documento oficial “con fines terroristas” y -a dos de ellos- por
tenencia de explosivos “con fines terroristas”. Lo cierto es que, más
allá de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso,
el tribunal no ha podido probar la comisión de ninguna acción
terrorista por parte de los acusados y, a pesar de eso, les ha
impuesto las penas más altas contempladas en el código penal. El
asunto es que la única prueba de que los jóvenes independentistas son
“terroristas” es que pertenecen a “una organización terrorista”, pero
la única prueba de que pertenecen a una “organización terrorista” es
que son “terroristas”: una tautología viciosa que suspende la
racionalidad jurídica y aplica en Galicia, como antes en el País
Vasco, el principio de analogía y el derecho penal del enemigo para
criminalizar una intención y un programa políticos. Si Resistencia Galega existe y es una organización terrorista, todo lo que hagan los
cuatro activistas -junto a otros compañeros todavía libres o a la
espera de juicio- es potencialmente “terrorista”: comprar zapatos con
“intenciones terroristas”, lavarse los dientes “con intenciones
terroristas” y hasta condenar el terrorismo “con intenciones
terroristas”. Si la Audiencia Nacional decide que el club filatélico
al que pertenezco es una “organización terrorista”, pegar sellos en un
álbum -ésta es la lógica- se puede convertir en un delito condenado
con 10 años de prisión y hasta con 18, si se prueba que la cola con la
que pego los sellos admite un “doble uso” criminal.
No se trata de defender la inocencia de los acusados. Son sin duda
culpables de compromiso político equivocado. Si hubieran sido
fascistas y hubieran usado gas pruriginoso contra niños tras asaltar
un local público, les habrían impuesto una multa por vandalismo. Lo
suyo es más grave, claro, porque no habían causado daño a nadie. Las
sentencias a los activistas gallegos deberían llenarnos a todos de
preocupación, porque es un mensaje fuerte dirigido a todo el espectro
de la izquierda del Estado español. Como antes en el País Vasco, como
siempre en el País Vasco, se criminalizan no las acciones sino las
ideas, los proyectos y los objetivos políticos. Por desgracia, en
Galicia y en el resto del Estado estamos más desvalidos y más
desprevenidos, y eso hasta el punto de que la atroz noticia de la
condena de los activistas gallegos ha pasado casi completamente
desapercibida en los medios de izquierdas.
A la preocupación se añade un dolor muy fuerte. Conozco a uno de los
condenados y lo considero mi amigo, pero no necesito tener un amigo en
prisión para representarme, también como padre, lo que significa una
pena injusta y desproporcionada aplicada a cuatro jóvenes sensibles y
comprometidos cuyas carreras y proyectos personales quedan de pronto
despiadadamente rotos. Sorprende un aparato judicial, apoyado
constitucionalmente en la idea de la reintegración social, que utiliza
los márgenes de discrecionalidad que le permite una ley demencial para
ensañarse con los más jóvenes, los más solidarios, los más conscientes
y politizados, mientras utiliza esos mismos márgenes para liberar o
aliviar la suerte penal de aquellos a los que más convendría, desde un
punto de vista pedagógico, la estancia en prisión: banqueros y
políticos, cuyo desprecio por la gente e insensibilidad moral se
ajusta más al medio carcelario.
Siento dolor desinteresado, puramente humano, y también una inquietud
interesada. Mi amigo encarcelado podría ser mi hijo. Quiero decir que
a mi hijo podría pasarle algo parecido y a los hijos de la mayor parte
de mis amigos y a mis propios amigos, todos ellos comprometidos en
proyectos políticos equivocados. Y podría pasarme también a mí. Puede
pasarnos, en realidad a todos en un marco estatal en el que el Derecho
está lleno de agujeros por los que sólo se deslizan, como en un
colador, los menos peligrosos, los menos dañinos, los más vulnerables,
los más débiles, los más pobres, los más comprometidos, los más
sensibles y los potencialmente más beneficiosos para la democracia y
la sociedad -mientras los verdaderamente destructivos se sostienen en
la red, y tanto mejor y con tanta más arrogancia cuanto más arriba
están.
Si hicieran falta otras pruebas y no fueran a venir más, la condena a
penas escalofriantes, disparatadas, de los cuatro activistas gallegos
bastaría para demostrar que casi todos vivimos en una situación de
libertad provisional. Defender la democracia y el derecho de quienes
quieren imponer la ley de la selva, la represalia y el implacable
nacionalismo español -y la victoria de clase- como único horizonte
posible, es cada vez más un imperativo ciudadano común, por encima de
los alineamientos ideológicos. Mi solidaridad con los activistas y sus
familias, en cuyo pecho me estremezco y me indigno desde aquí.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
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